Inicio COLUMNISTAS La Alcaldada del Año
0

La Alcaldada del Año

La Alcaldada del Año Wilson Leal - imagen de archivo
0

Se conoció esta semana un decreto de la alcaldía de Ibagué que entra a concursar con todos los méritos por el premio a la alcaldada del año.

El Decreto con el que la ex alcaldesa de Yopal entrega las llaves de la ciudad a Jesucristo y el dictado por Calígula para nombrar Cónsul a su caballo Icitatus no tienen nada que hacer ante la iniciativa del alcalde municipal (encargado) que paraliza la construcción en la ciudad, modifica por decreto el POT, deroga las normas nacionales que regulan el trámite de licencias, usurpa las competencias de la SuperServicios y establece una competencia desleal a favor de IBAL.

Este portento de la jurisprudencia criolla, en un solo acto:

Uno: Suspende por 6 meses la expedición de licencias en la ciudad derogando de paso la norma nacional que establece los términos máximos para el efecto.

Dos: Cambia los usos establecidos en el POT en las zonas atendidas por los acueductos comunitarios.

Tres:  Somete a revisión las licencias expedidas en los últimos tres años dejando en suspenso todo el desarrollo urbanístico de la ciudad de manera retroactiva, desconociendo la ejecutoriedad de las licencias emitidas.

Cuatro: Afecta de manera directa los procesos urbanísticos de vivienda de interés social que son precisamente los que se desarrollan en las zonas no atendidas por el IBAL.

Cinco: Pone en marcha una competencia desleal entre prestadores de servicios públicos, ya que determina que solo las disponibilidades otorgadas por el IBAL son viables a ojos del Municipio.

Seis: Plantea una verificación de las disponibilidades de servicios emitidas por acueductos comunitarios muchos de ellos inscritos regularmente ante la SuperServicios, usurpando las funciones de inspección y vigilancia de la superintendencia.

Y siete: ocasiona el efecto inverso de la expedición masiva de licencias urbanísticas en virtud del silencio administrativo positivo en aplicación de la regla legal que establece el plazo máximo que para pronunciarse tienen los curadores urbanos.

El decreto de marras pone en claro que la administración municipal sigue ciegamente la línea del total menosprecio por la legalidad que su inspirador el prohombre Gustavo Petro implementó en Bogotá con desastroso suceso.

Solo cuando se pierdan los miles de puestos de trabajo que la construcción genera en la ciudad y los costos financieros revienten los proyectos en curso, llegarán las decisiones judiciales frente a las acciones que anuncio interpondré, para ese entonces estos adalides de la jurisprudencia criolla ya se habrán marchado, los ibaguereños pagaremos los platos rotos de las demandas.

Le puede interesar: