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Predial, corrupción y propiedad privada

Predial, corrupción y propiedad privada Representante a la Cámara Ricardo Ferro
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¿Por qué debatir en el Congreso sobre la posibilidad de congelar el Impuesto Predial en Colombia? ¿Por qué ya van cuatro proyectos de Ley presentados en menos de dos años al respecto? ¿Por qué en las principales capitales del país, los ciudadanos han impedido mediante protestas multitudinarias los aumentos del predial?

Sencillo, la razón es la misma: los colombianos estamos cansados de que el ‘paganini’ de la mala administración de los recursos públicos siempre sea el contribuyente.

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Una cosa es establecer tributos para garantizar que los que más tienen ayuden a los tienen menos, y otra bien distinta es que permitamos impuestos que están empobreciendo al pueblo colombiano, que están expulsando la inversión privada, y que en el caso concreto del impuesto predial, están poniendo en riesgo el derecho a la propiedad privada, que consagra la Constitución Política en su artículo 58.

En Ibagué, Tunja, Cartagena, Bogotá, y en muchas ciudades de país los ciudadanos han salido a las plazas públicas a protestar porque no tienen cómo pagar el impuesto predial. ¿Y quiénes son los que salen a la calle? ¿Los más ricos? ¡Por supuesto que no! Son precisamente los ciudadanos de la clase media, así como aquellos que a través de un subsidio del Gobierno pudieron cumplir con su sueño de tener una vivienda propia, los que se están viendo más perjudicados con los aumentos del impuesto predial.

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Duele enormemente, escuchar a un pensionado decir que va a tener que vender su casa porque no tiene cómo pagar el impuesto predial. En el mismo sentido, es frustrante que la política de vivienda para los más pobres se vea amenazada por cuenta de un impuesto impagable.

Todos los argumentos de los secretarios de hacienda podrían ser válidos, de no ser porque dentro de sus análisis han omitido un principio fundamental a la hora de imponer un tributo, o aumentar el mismo: la capacidad contributiva.

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Y es que la capacidad contributiva no es ni más ni menos que la capacidad o la aptitud que tiene un ciudadano para pagar un impuesto. De donde se deduce, que más allá del ‘apetito’ tributario que pueda tener el Estado, más allá del desequilibrio que pueda existir entre el ingreso y el gasto, el punto de partida debe ser el estudio que debe realizarse sobre la posibilidad que tiene un propietario de un inmueble de pagar o no ese impuesto. Teniendo en cuenta además que el impuesto predial no es el único que está gravando actualmente a la propiedad privada. ¿O es que acaso no se están volviendo periódicos los cobros de valorización? ¿Y qué decir de la plusvalía? ¿De la renta? De todos los cobros que hoy implica tener un inmueble en Colombia.

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Es urgente congelar el impuesto predial, es necesario hacer un frente común para defender la propiedad privada en nuestro país. De lo contrario, las próximas generaciones estudiarán este derecho que consagra nuestra Constitución en los libros de historia.

Y qué decir de nuestros campesinos, quienes son los más afectados con los aumentos del predial. De no cambiar las condiciones actuales, simplemente se generará un nuevo desplazamiento en Colombia, causado directamente por las administraciones municipales.

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Y termino con un llamado al propio Congreso, para que saquemos adelante el proyecto de ley que presentó el Centro Democrático y se encuentra para tercer debate en el Senado. Tenemos que ser capaces de darle la buena noticia al país antes de finalizar este año de que se va a congelar el impuesto predial a partir de 2019.

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Saque de banda:

Afortunadamente el propio Vicecontralor general asistió al debate esta semana en el Congreso, porque no tiene presentación que después de diez meses de semejante escándalo de corrupción en Ibagué por la actualización catastral, el ente de control no tuviera conocimiento de lo que había pasado. Esperamos resultados.

Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproduccion autorizada por el autor

Ricardo Ferro Abogado, especialista en Derecho Público, que cuenta con dos maestrías, una en Urbanismo y Ordenamiento Territorial y otra en Ciencia Política.